La adhesión a la OCDE consiste en adoptar un modelo de mejores prácticas que eleve la calidad de la gestión pública y privada, y que envíe una señal clara de que el país opera con estándares internacionales en gobierno corporativo, integridad, competencia y mercados financieros.

La República Dominicana vive un momento histórico. Durante la visita del presidente Luis Abinader a Francia, el país firmó un memorando de entendimiento con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). A esto se suma la carta de intención suscrita con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para impulsar el ingreso del país a la organización, proceso que el Poder Ejecutivo declaró de interés nacional mediante el decreto 408-25.

La adhesión a la OCDE consiste en adoptar un modelo de mejores prácticas que eleve la calidad de la gestión pública y privada, y que envíe una señal clara de que el país opera con estándares internacionales en gobierno corporativo, integridad, competencia y mercados financieros. Esta señal, además del Estado, también la tiene que dar el sector privado. Y lo está haciendo.

En noviembre del año pasado, desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) lanzamos la plataforma de Conducta Empresarial Responsable (CER), junto a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y con el apoyo del BID.  Se trata una herramienta de autodiagnóstico voluntaria que permite a las empresas dominicanas —de cualquier tamaño— medir su nivel de cumplimiento e integridad, identificar brechas y trazar un camino de mejora hacia modelos de gestión que respondan a las exigencias del mercado global.

La pregunta que como país debemos hacernos hoy no es si queremos entrar a la OCDE, sino si estamos preparados para el estándar que eso implica. Porque la adhesión traerá consigo exigencias concretas: marcos regulatorios más robustos, mayor transparencia, estándares elevados de gobierno corporativo y una cultura de cumplimiento que debe permear tanto al sector público como al privado.

Los países que han ingresado a la OCDE, como Chile, Colombia o Costa Rica, lo lograron porque sus instituciones privadas y públicas caminaron en la misma dirección. Las economías miembros se distinguen por altos niveles de formalidad, competencia efectiva, marcos regulatorios robustos y una cultura de cumplimiento arraigada en el sector productivo. Ese no es un estándar que se decrete; es uno que se construye empresa por empresa, decisión por decisión.

La plataforma CER es, en ese sentido, una de las contribuciones del sector privado dominicano a ese proceso. Cada empresa que realiza su autodiagnóstico, identifica áreas de mejora y actúa en consecuencia, está sumando al capital institucional que el país necesita para dar ese salto. No como un requisito burocrático, sino como una convicción: que las empresas íntegras son más competitivas, más confiables y mejor posicionadas para atraer inversión y talento.

La coyuntura no podría ser más propicia. La conversación sobre la OCDE está en todos los espacios de política económica del país. Los inversionistas internacionales, los organismos multilaterales y los socios comerciales observan cómo responde el sector privado dominicano a este desafío.

El CONEP cree que la respuesta debe ser proactiva. Invitamos a todos los empresarios del país —desde las grandes empresas hasta las pymes— a registrarse en cerconep.org.do, realizar su diagnóstico y comenzar a construir, desde adentro, el país de las mejores prácticas que todos decimos querer.

La OCDE no es una meta en sí misma. Es la confirmación de que hemos decidido, como país, operar a la altura del mundo que queremos construir.

El autor es vicepresidente ejecutivo del CONEP

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad de su autor y no tienen que ver con la opinión de Forbes República Dominicana.