¿Son todas las opiniones respetables?

Las opiniones en una sociedad democrática pueden ser de gran herramienta para enriquecer los debates de importancia; por ejemplo, como pasa con la salud pública, la administración del Estado, la gestión de la economía o el reconocimiento social.

Los temas pueden ser infinitos, y, por cierto, muy reveladores de las preocupaciones de una sociedad: a qué temas ésta le da prioridad, a cuáles no, cuál es la rotundidad con que los manifiesta y qué tanta cabida deja a otras opiniones.

Así, por medio de su opinión pública, la sociedad va dando forma a sus preocupaciones y —no menos importante — a la forma de solucionarlas e, incluso, a los valores que priman en ese proceso.

El cómo se expresan es el otro gran tema: ¿la sociedad en la que estamos nos permite decir todo lo que pensamos? O ¿No nos los permite porque son desfavorables para un poder determinado, para el grupo de presión tal o cual?

Entramos así en el tema de la libertad de expresión, que es importante para escuchar una pluralidad de voces, para que, como sociedad y ciudadanos, nos entendamos.

Pero como todo derecho de relevancia, debe ser ejercido con altura y no está exento de deberes. Con deberes me refiero a hablar con base en datos reales y comprobables. O sea, las suposiciones, los rumores, las fake news y los insultos no entran dentro de ese uso responsable de la libertad de opinión.

Y son más reprochables cuando se trata de profesionales de la comunicación o de personas que trabajan en los medios. Porque los medios, incluyendo las redes sociales, ejercen, como nunca, una gran influencia en las personas. En consecuencia, puede favorecer el entendimiento o pueden propiciar, en el peor de los casos, conmociones sociales.

Pensemos: ¿se le está haciendo un bien al país cuando se pone a circular información falsa o sin comprobar? ¿Nuestro país se hace más sólida desde el punto de vista institucional, económico o, muy importante, reputacional?

Malas prácticas y su repercusión

Hay que diferenciar la puesta en circulación de rumores o fakenews de la denuncia e investigación periodística. Siempre que esta última esté bien documentada su misión es develar los problemas que tiene una sociedad. Y es deber de los poderes Ejecutivos, Judicial y Legislativo buscar los correctivos que proceden según la circunstancia.

En la esfera digital, desafortunadamente, en el país se ha vuelto una práctica más o menos corriente afirmaciones destempladas e incluso de abiertas injurias en los medios y plataformas digitales, en especial de personas que no son profesionales de la comunicación. Pero lo cierto es que, desde 2007, el país cuenta con una Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología que establece penas de hasta un año de prisión y multas de hasta quinientos salarios mínimos por difamación e injuria. Es decir, por la divulgación de información falsa sobre alguien y por las ofensas abiertas que afectan la dignidad de una persona.

Pero incluso más importante que esas penalidades es el implacable castigo que puede tener la opinión pública. Cuando alguien, sobre todo en reiteradas oportunidades, emite información falsa sin que nunca llegue a mostrar una prueba de lo que dice, pues la sociedad lo etiqueta como, dicho en criollo, un charlatán. Es decir que, tratando a la ligera de dañar la reputación de alguien sin pruebas, termina dañando su propia reputación, la reputación que es prácticamente el activo o el patrimonio simbólico más importante con el que se cuenta cuando se trabaja en los medios.

Concluimos con que las fake news siempre han existido, pero hoy en día se han visto amplificadas por la tecnología, las redes sociales y los nuevos actores empoderados que viven en ellas; nuevos perfiles profesionales, que no trabajan como antes.

Por Eduardo Valcárcel, publicista, mercadólogo y especialista en comunicación estratégica, managing partner de NewLink Group.

Las opiniones expresadas en este artículo son única responsabilidad de su autora y nada tiene que ver con la posición de Forbes República Dominicana.