El sector representa cerca del 2.5% del PIB, encabeza el crecimiento económico y aumenta su aporte en exportaciones, inversión extranjera y recaudación, mientras empresas y autoridades sostienen que el próximo desafío será fortalecer la licencia social para operar.
La historia dominicana comenzó, en buena medida, alrededor del oro. Hace más de cinco siglos, el metal atrajo a los europeos hasta la isla y cambió para siempre su destino. Hoy continúa haciéndolo, aunque bajo una discusión distinta. Si antes representaba riqueza y conquista, ahora enfrenta una pregunta mucho más compleja: ¿es posible convertir esa riqueza en desarrollo sin sacrificar el medio ambiente?
La tensión no es nueva. Mientras parte de la sociedad cuestiona que los beneficios de la minería compensen sus impactos ambientales y sociales, las cifras cuentan otra historia. La actividad se mantiene como uno de los sectores de mayor crecimiento de la economía dominicana y el mayor exportador de bienes del país.
Esa dualidad marcó buena parte de la discusión durante el panel "Cómo las Américas pueden avanzar en la cadena de valor minera", celebrado en el marco del Americas Investment Forum (AIF) 2026. Allí, autoridades, empresas y organismos de promoción de inversiones coincidieron en algo poco habitual: aunque la minería exhibe algunos de los indicadores económicos más sólidos de la economía dominicana, su sostenibilidad futura dependerá tanto de su desempeño financiero como de su capacidad para fortalecer la confianza de las comunidades donde opera.
Las cifras presentadas por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, ilustran ese contraste. La minería cerrará este año con una participación cercana al 2.5% del producto interno bruto (PIB), pero, más importante aún, se ha convertido en el sector económico de mayor crecimiento del país, con una expansión cercana al 10% durante 2026, afirmó.
A ello se suma que el oro continúa siendo el principal producto de exportación de bienes de República Dominicana, con ventas superiores a 2,600 millones de dólares (mdd) el año pasado y perspectivas de superar esa cifra este año. En materia de inversión extranjera directa, explicó que el sector captó alrededor de 500 mdd en 2025 y solo en el primer trimestre de 2026 ya acumulaba cerca de 300 mdd, una tendencia que también apunta a cerrar por encima del año anterior.
El aporte fiscal sigue la misma dirección. Según Santos, la minería generó aproximadamente 750 mdd en recaudaciones durante 2025, mientras que los trabajadores del sector reciben remuneraciones que más que duplican el promedio nacional, reflejando, dijo, el nivel de especialización que exige la actividad. "Es el sector económico que mayor crecimiento está presentando en la economía dominicana", resumió el funcionario.
Sin embargo, el propio ministro reconoció que esos resultados económicos no eliminan uno de los principales desafíos que enfrenta la industria: la aceptación social.
"Parte de la resistencia viene porque muchas personas todavía imaginan la minería del pasado", sostuvo al explicar que una parte importante del debate continúa asociando la actividad con prácticas que, a su entender, poco se parecen a la minería moderna. En ese punto surgió un concepto que se repetiría a lo largo de todo el panel y que guarda un claro paralelismo con la "confianza" planteada por el presidente Luis Abinader durante la apertura del evento: la licencia social.
Para Gisselle Valera, presidenta de Barrick Pueblo Viejo, una empresa minera ya no puede limitarse a cumplir requisitos regulatorios. "La licencia social ya se ha entendido que es una licencia igual de importante que los permisos que te permiten operar", afirmó.
Lejos de presentar ese concepto como un elemento reputacional, lo vinculó directamente con la competitividad del negocio. Explicó que una operación que pierde el respaldo de las comunidades enfrenta retrasos, mayores costos y riesgos que terminan afectando su rentabilidad.
Como ejemplo, recordó el bloqueo registrado en enero de 2025 durante los trabajos asociados a la expansión de Pueblo Viejo, un proceso que obligó a establecer una mesa de mediación con el Gobierno, representantes comunitarios, el Defensor del Pueblo y la Iglesia para destrabar el proyecto. "La licencia social es algo que se construye día a día", sostuvo.
Ese episodio, explicó, reforzó una conclusión dentro de la empresa: actuar de forma preventiva con las comunidades resulta menos costoso que responder cuando los conflictos ya se han producido. Pero el panel también dejó claro que la respuesta de la industria no pasa únicamente por mejorar el diálogo social.
Valera defendió que la competitividad minera dependerá cada vez más de la innovación tecnológica, la transferencia de conocimiento y la formación de talento local. Recordó que cuando Barrick inició sus operaciones en Pueblo Viejo fue necesario introducir una tecnología especializada para procesar un mineral cuya explotación el Estado dominicano no había podido continuar con los métodos disponibles hasta ese momento.
Junto con esa tecnología llegaron especialistas extranjeros. Sin embargo, afirmó que la visión de largo plazo consistía en transferir ese conocimiento al talento nacional. Hoy, dijo, el 98% de los colaboradores de la empresa son dominicanos, un proceso que, a su juicio, transformó un modelo extractivo en uno basado también en la transferencia de capacidades técnicas.
Perspetiva regional
Ese enfoque coincide con la visión expuesta por representantes de otros países mineros de la región. Desde Perú, Daniel Córdova sostuvo que el siguiente paso para aumentar el valor agregado de la minería consiste en fortalecer el ecosistema de innovación alrededor de la actividad. En lugar de concentrarse únicamente en la extracción o refinación de minerales, explicó que el país busca desarrollar empresas tecnológicas, startups y proveedores especializados capaces de atender las necesidades de la industria minera.
A su entender, ese ecosistema también puede contribuir a reducir conflictos sociales mediante soluciones tecnológicas relacionadas con el manejo del agua, los relaves o el transporte de minerales, disminuyendo así algunos de los factores que históricamente han generado oposición en las comunidades.
Desde Argentina, Sergio Pardo planteó que la minería ya no puede analizarse de forma aislada, sino como parte de la transición energética mundial. En ese contexto, sostuvo que atraer inversiones exige combinar estabilidad jurídica, sostenibilidad ambiental y reglas claras de largo plazo.
"La minería en el mundo hoy ya no usa libreto; no hay espacio para otra cosa", expresó al señalar que ninguna empresa puede desarrollar proyectos de gran escala sin incorporar estándares ambientales y sociales.
Esa idea fue retomada por Joel Santos al insistir en que República Dominicana trabaja en la actualización de su legislación minera, vigente desde 1970, para adaptarla a los cambios tecnológicos y reducir la burocracia que aún enfrentan los inversionistas.
No obstante, el ministro sostuvo que el desafío trasciende las reformas legales. "La mejor forma de combatir esos relatos es con resultados concretos", afirmó al considerar que las comunidades deben percibir de manera tangible los beneficios que genera la actividad minera.
Para Santos, esos beneficios deben reflejarse en infraestructura, servicios y proyectos financiados con los recursos que produce la industria, de forma que las comunidades puedan convertirse, en sus palabras, en la mejor evidencia de que la minería moderna puede generar desarrollo local.
Es así como, mientras las cifras consolidan a la minería como una de las industrias de mayor crecimiento, exportación e inversión extranjera del país, sus propios actores reconocen que el siguiente paso ya no dependerá únicamente de los minerales que permanecen bajo tierra, sino de la capacidad de convertir ese desempeño económico en confianza, innovación y beneficios visibles para las comunidades donde se desarrolla la actividad.