Subsidios, congelamientos y compensaciones fueron parte de la respuesta de los gobiernos ante el aumento de los combustibles, mientras el espacio fiscal seguía limitado.
Cuando el petróleo sube, el impacto no se queda en las estaciones de combustible. Se traslada al transporte, a los costos de producción y al ingreso disponible de los hogares, al tiempo que obliga a los gobiernos a decidir cuánto de ese aumento llega al consumidor y cuánto absorben las cuentas públicas. En 2026, América Latina volvió a enfrentarse a ese dilema.
La respuesta no fue idéntica entre países, pero sí tuvo un elemento común: varios gobiernos intervinieron para amortiguar el impacto del aumento de los precios energéticos, justo cuando sus cuentas fiscales enfrentaban restricciones. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) identifica este mecanismo como uno de los principales canales fiscales del choque petrolero.
Para República Dominicana, el episodio tiene una particularidad. El país forma parte del grupo de Centroamérica, Haití y República Dominicana que, según la CEPAL, recibiría uno de los impactos comerciales más negativos de un petróleo más caro. En el escenario de referencia del organismo, con precios del crudo 25 % superiores a los de 2025, el efecto sobre la balanza comercial de este grupo sería equivalente a -0.9 puntos porcentuales del PIB en 2026.
Ante este escenario, el Gobierno dominicano recurrió a subsidios semanales a la gasolina entre enero y mayo de 2026, además de mantener congelados los precios del gas licuado de petróleo (GLP) y del gas natural, de acuerdo con el estudio económico de la CEPAL. La respuesta dominicana se inscribe así en un mapa regional de medidas que, aunque persiguieron un objetivo similar, utilizaron mecanismos distintos.
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Distintas respuestas
Brasil optó por una subvención económica para productores e importadores de diésel de uso vial, mientras que Guatemala estableció durante tres meses un subsidio al diésel y la gasolina súper. Chile combinó varias medidas: congeló temporalmente el precio del kerosene y las tarifas del transporte público de Santiago, además de establecer apoyos para taxis, transporte escolar, pesca artesanal y GLP destinado a hogares vulnerables.
Panamá estableció un mecanismo temporal de estabilización para la gasolina y el diésel bajo en azufre dirigido al transporte de carga esencial y la pesca artesanal. Perú amplió programas para mitigar el aumento del precio del gas doméstico en hogares vulnerables y otorgó apoyos extraordinarios a determinados trabajadores del transporte.
Uruguay también utilizó subsidios para limitar el aumento de los combustibles y congeló la tarifa del transporte colectivo. En Honduras, la respuesta incluyó un subsidio diferenciado a la tarifa eléctrica para hogares y pequeñas y medianas empresas, además de recursos para absorber parte de los incrementos semanales de los combustibles.
La diferencia entre las medidas muestra que el choque energético no produjo una única respuesta fiscal. Los gobiernos eligieron distintos puntos de intervención. Mientras algunos actuaron directamente sobre el precio de los combustibles, otros sobre el transporte, la electricidad o determinados grupos de consumidores y sectores productivos. En República Dominicana, la combinación fue directa sobre los combustibles: subsidios a la gasolina y congelamiento del GLP y el gas natural.
El mapa de respuestas
| País | Medida principal |
|---|---|
| República Dominicana | Subsidios a gasolina y congelamiento de GLP y gas natural |
| Brasil | Subsidio al diésel vial |
| Chile | Kerosene, transporte y apoyos sectoriales |
| Guatemala | Subsidio a diésel y gasolina súper |
| Honduras | Combustibles y tarifa eléctrica |
| Panamá | Estabilización de gasolina y diésel para sectores específicos |
| Perú | GLP y apoyos al transporte |
| Uruguay | Combustibles y transporte |
El problema fiscal detrás del combustible
La decisión de amortiguar el aumento de los precios energéticos tiene una segunda dimensión: quién termina absorbiendo el costo. La CEPAL señala que, en los países importadores netos de energía, los mecanismos utilizados para contener los precios pueden traducirse en un mayor deterioro de las cuentas fiscales, porque el incremento del gasto no encuentra una compensación equivalente por el lado de los ingresos.
Esto coloca a República Dominicana dentro de una posición particular frente al choque: por un lado, el aumento del petróleo presiona su balanza comercial; por otro, las medidas para contener el traslado del aumento hacia los consumidores ejercen presión sobre las finanzas públicas.
El contexto fiscal regional ya era limitado. La CEPAL estima que el gasto total de los gobiernos centrales de América Latina pasaría de 21.6 % del PIB en 2025 a 21.7 % en 2026, mientras el gasto corriente primario continuaría reduciéndose. En Centroamérica, México y República Dominicana, el gasto total se mantendría en torno a 20.4 % del PIB.
Al mismo tiempo, los pagos de intereses están ganando peso dentro de las cuentas públicas. La CEPAL advierte que ese aumento reduce el margen disponible para el gasto primario, precisamente cuando los gobiernos deben responder a nuevos choques.
De acuerdo con la publicación, para las economías importadoras de hidrocarburos, el choque puede afectar simultáneamente el comercio, la inflación, el consumo y las cuentas fiscales. La CEPAL identifica estos efectos como parte de una cadena de transmisión que también alcanza las condiciones financieras y la política monetaria.