Mientras la generación renovable y distribuida alcanza hitos históricos, la integración de baterías y un nuevo marco regulatorio se convierten en las piezas clave para garantizar la estabilidad de un sistema en plena transformación.
En 2015, la matriz del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) estaba dominada por combustibles fósiles tradicionales y gas natural, en un 89.9%, lo cual representaba ocho veces más que la participación de las renovables, que en ese entonces se basaba en la hidroeléctrica (8.3%) y eólica (1.8%).
Una década después, esa estructura se observa transformada con las energías renovables duplicando su participación hasta alcanzar el 20.1% de la generación total, mientras el gas natural pasa al 39.2%.
En tanto que el carbón representa el 28.8% de la matriz energética y el fuel oil #6 reduce su peso a un 12%, evidenciando un desplazamiento progresivo de los fósiles.
Este cambio refleja una transición hacia un sistema más diversificado y con mayor presencia de fuentes limpias. No obstante, también expone retos clave, como la intermitencia de las energías renovables, la necesidad de fortalecer la infraestructura de transmisión, la incorporación de sistemas de almacenamiento y la gestión eficiente de la demanda.
A eso se suman desafíos regulatorios y de planificación que obligan a repensar la operación del SENI para garantizar estabilidad, eficiencia y sostenibilidad en un sistema interconectado donde cada decisión tiene efectos en cadena sobre el sector eléctrico.
El superintendente de Electricidad, Andrés Astacio, señala que este proceso implica un cambio profundo en el modelo de prestación del servicio. “Los últimos 15 años hemos tenido una amalgama de avances tecnológicos movidos por distintas razones”, afirmó.
Este proceso se refleja también en la evolución de la matriz energética. De acuerdo con José Rodríguez, presidente de la Asociación Dominicana de Industrias Eléctricas (ADIE), el país cuenta con alrededor de 2,000 megavatios (MW) de capacidad instalada en energías renovables no convencionales, lo que lo posiciona entre los sistemas más diversificados de la región.
Las políticas públicas orientadas a la transición energética y a la inversión privada sostenida se cuentan entre las principales fuerzas que mueven la transformación. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, subraya que el Viceministerio de Energía reportó una capacidad instalada de 7,054 megavatios en enero del 2026, de los cuales, el 28% fue gas natural, 22% solar, 17% fuel oil #6 y 15% de carbón.
En menor porcentaje, se posicionan las hidroeléctricas (9%), eólica (7%), fuel oil #2 (1%) y biomasa (1%). En tanto, la generación de energía el 35% fue por gas natural, seguido del 31% de carbón mineral y 12% de fuel oil #6. En menor generación, la solar (9%), hidro (7%) eólica (5%) y biomasa (0.98%).
“Las energías renovables son importantes para mantener la estabilidad del sistema y poder aprovechar que esa generación pueda ser debidamente utilizada en hora pico”, explica.
El nuevo Reglamento de Generación Distribuida
En esta transición energética, el nuevo Reglamento de Generación Distribuida, pone el foco en el desarrollo de sistemas fotovoltaicos. Rodríguez destacó que el programa de medición neta ya supera los 500 MW instalados, reflejando un interés creciente de usuarios residenciales, comerciales e industriales en producir su propia energía. Aunque se trata de un fenómeno positivo, también introduce nuevos retos para la operación del sistema.
El superintendente de Electricidad reconoce que el marco regulatorio hasta hace poco no respondía a esta nueva realidad, ya que el reglamento de generación distribuida de 2007 tenía un carácter promocional, propio de una tecnología incipiente. “Hoy en 2026, estamos hablando de que la generación fotovoltaica es una tecnología madura que compite de forma comercial”, señala Astacio.
El nueva normativa busca establecer criterios que permitan una integración ordenada de estas fuentes, garantizando tanto la sostenibilidad del sistema como el acceso equitativo a las tecnologías. Astacio enfatizó que cualquier transformación del sector debe centrarse en el usuario final. El enfoque regulatorio apunta a evitar distorsiones, promover prácticas eficientes y asegurar que la expansión de la generación distribuida se realice bajo parámetros técnicos que garanticen la estabilidad del sistema.
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, considera que la normativa contribuirá a impulsar el crecimiento del sector de una manera más ordenada.
Desde el sector privado se reconoce la importancia de actualizar las reglas, por lo cual la reciente normativa es considerada como una herramienta necesaria para adaptar el sistema a una realidad tecnológica distinta.
El informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2025 contiene que los gobiernos deben elevar las metas de aumento de energías renovables e implementar políticas más contundentes como medidas fundamentales para avanzar hacia el Objetivo 7.
El almacenamiento de energía
En 2013, el sistema producía 14,383.3 gigavatios, de los cuales apenas el 16.3% provenía de energías limpias. Para 2025, la generación total ascendió a 26,187.4 gigavatios, con una participación renovable cercana al 20%, según datos del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado.
Ante el aumento de la integración de energías renovables, el almacenamiento de energía a través de baterías (BESS) emerge como uno de los principales desafíos para el sistema eléctrico dominicano. Su beneficio, además, radica que permite reducir la dependencia de combustibles fósiles, estabilizar los costos de la energía, optimizar el uso de la infraestructura eléctrica y postergar inversiones costosas en generación y redes, destaca el Organismo Latinoamericano de Energía (Olade).
A julio del año pasado, la Olade reportó 1,860.5 megavatios en capacidad instalada en almacenamiento en la región de América Latina y el Caribe. Chile (1,105 MW), México (192 MW) y El Salvador (64 MW) lideraban las estadísticas. No obstante, República Dominicana estaba entre los países que carecían de este sistema, junto a Bolivia, Ecuador, Guatemala y Paraguay.
Santos asegura que ya se han ejecutado acciones para mejorar esa realidad, incluyendo la licitación que incorpora sistemas de baterías para el 2027. “El Estado ha realizado algunas licitaciones de 600 MW que se han lanzado a través del Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras (CUED) para que esa generación renovable tenga incluido baterías”, apunta.
Pero en casos como el de Argentina, por ejemplo, se licitó 660 MW durante el año pasado y en Honduras, fue de 1,500 MW y el 65% de la capacidad instalada debe provenir de fuentes renovables con almacenamiento, establece la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) del país centroamericano. Asimismo, la Comisión Nacional de Energía (CNE) dominicana exige que los proyectos de 20 megavatios incluyan un 50% de capacidad de almacenamiento.
Desde el ámbito regulatorio, la SIE informa que trabaja en el desarrollo de normativas que permitan integrar estos sistemas al funcionamiento del mercado eléctrico.
El titular de la SIE afirma que estas regulaciones son fundamentales para avanzar en la modernización del sistema, al tiempo que resalta la importancia de automatizar y centralizar los distintos elementos de la red para que operen de forma coordinada.
El desafío de integrar baterías de almacenamiento no es exclusivo de una nación. Chile, Brasil y México lideran la región al integrarlas en su planificación energética, mientras que otros, como República Dominicana, Honduras y Argentina, “avanzan con proyectos pioneros que servirán de referencia para otros mercados”.
Manuel Cabral, vicepresidente de ADIE, opina que se trata de una tendencia global asociada al avance de las energías no convencionales, ya que a 2025, la producción eólica y solar alcanzó el 20% a nivel regional y en el país representó el 14% de la generación. De hecho, la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) recomendó a la región aumentar su capacidad de almacenamiento hasta los 24 GW en 2030 y los 46 GW en 2035. Mientras que la Agencia Internacional de Energía (IEA) sugirió que la capacidad de almacenamiento debe ser el doble que el crecimiento de las renovables.
Cabral subrayó que el crecimiento acelerado de la energía solar en los últimos años ha generado nuevas exigencias sobre la infraestructura eléctrica, especialmente en la transmisión. Este cambio obliga a una planificación más compleja para garantizar el equilibrio entre generación y demanda.
En ese contexto, el almacenamiento se perfila como el siguiente paso en la evolución del sistema energético dominicano. La incorporación de baterías no solo permitirá gestionar la intermitencia de las renovables, sino también fortalecer la seguridad y confiabilidad del servicio.
“Abre la puerta a nuevos modelos de negocio, como las microrredes, la generación distribuida o el uso de almacenamiento como prestador de servicios complementarios en mercados eléctricos más avanzados”, enumeró el organismo internacional en su informe denominado “Banco de Almacenamiento 2025”. Pero, también, la integración de nuevas tecnologías implica mayores exigencias de inversión. Para la Olade, la región debe movilizar 150,000 millones de dólares (mdd) anuales en inversiones en energías limpias para lograr la transición energética para 2030.
El presidente de la Asociación Dominicana de Sistemas Aislados (Adosea), Eduardo Vásquez, apunta que el aumento de las renovables requiere redes más inteligentes y robustas.
Plantea que el debate sobre el uso de baterías debe considerar su viabilidad económica dentro del esquema actual del mercado eléctrico, en un contexto donde la expansión tecnológica avanza más rápido que los incentivos y la Ley 57-07 de Energías Renovables, promulgada en 2007.
El apoyo financiero internacional a la energía limpia y renovable para los países en desarrollo alcanzó los 21,600 mdd a nivel global en 2023, un aumento del 27% con respecto a 2022, señaló las Naciones Unidas en el informe de Desarrollo Sostenible 2025. La energía solar lideró este crecimiento, hasta alcanzar los 9,400 mdd, mientras que las eólica e hidroeléctrica totalizaron 2,400 mdd y 2,300 mdd, respectivamente.
El director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Edward Veras, reconoció que para alcanzar el 30% de las renovables dependerá de 5,400 mdd en nuevas inversiones para la década del 2030. Además, el Gobierno tiene en plan que se debe duplicar la oferta de generación eléctrica hasta los 50,794 GWh para la década del 2036, según el plan MetaRD2036.
El ejecutivo detalló que el Plan Energético Nacional 2025-2038 establece la hoja de ruta para integrar la expansión de capacidad de generación, planificación territorial, desarrollo de transmisión, respaldo térmico flexible con gas natural e innovación tecnológica.
El sistema eléctrico dominicano transita por una etapa de transformación acelerada, en la que la incorporación de energías renovables, el nuevo reglamento de generación distribuida y la instalación de baterías de almacenamiento configuran una nueva arquitectura del sector.
La clave, coincidieron los especialistas, será lograr que este proceso avance de manera ordenada, con reglas claras y con un enfoque centrado en garantizar un servicio eléctrico seguro, eficiente y accesible para los usuarios.
Inversiones en la generación de energía
El 22 % de la inversión extranjera directa (IED) captada por el país entre enero y marzo de 2026 se concentró en el sector energético, según datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD). Esto representó 337 millones de dólares (mdd) del toral de 1,536 mdd recibidos.
Las cifras reflejan el creciente interés por expandir la capacidad energética del país, impulsado tanto por inversión extranjera como por proyectos desarrollados por empresas con operaciones en el país.
Entre las iniciativas figura el proyecto San Felipe, ubicado en Boca Chica, que aportará 470 megavatios (MW) al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) a partir de mayo de 2027. La obra tuvo una inversión de 700 mdd. A esto se suma Manzanillo Power Land, desarrollado por Energía 2000, que incorporará 414 MW al sistema eléctrico nacional mediante una inversión de 950 mdd.
La Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina) también avanza en proyectos como Esperanza Renovable, considerado el primer parque híbrido eólico-solar a gran escala del país, con una capacidad de 200 MW.
El Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM) informó que completó al 100 % la primera fase de su proyecto CEPM Zero en 2025. La iniciativa incluyó la incorporación de 270 MWp de energía solar fotovoltaica, más de 160 MWh en sistemas de almacenamiento de energía (BESS) y la entrada en operación de una planta de generación a gas natural de 37.05 MW para respaldo flexible.