Aunque la propuesta aún está en consulta pública, el proyecto marca el primer intento de establecer reglas específicas para un mercado que ha transformado la oferta de alojamiento turístico del país.

El turismo opera como un solo ecosistema. Una crisis de seguridad, una mala experiencia o un incidente de alto perfil rara vez distingue entre un hotel, una villa o un apartamento turístico. En cuestión de horas, un hecho puede convertirse en noticia y alterar la percepción de un destino mucho más allá del establecimiento donde ocurrió. La reputación, al final, es compartida. Sin embargo, detrás de esa misma industria conviven modelos de alojamiento con reglas distintas y, en ocasiones, intereses contrapuestos.

Durante años, el crecimiento acelerado de las rentas cortas ha reavivado el debate sobre la necesidad de establecer un marco regulatorio específico para una actividad que ha ganado peso dentro de la oferta turística dominicana. Ahora, el Gobierno comienza a mover esa discusión del terreno del debate al de la regulación.

El Ministerio de Turismo (MITUR) abrió una consulta pública sobre un proyecto de resolución que propone crear un registro obligatorio para las propiedades destinadas al alquiler vacacional de corta estadía, así como para propietarios, administradores, anfitriones y prestadores de servicios, además de establecer nuevas obligaciones para las plataformas digitales que comercializan este tipo de alojamientos.

La propuesta

La iniciativa (que permanece en consulta pública hasta el 22 de julio y, por tanto, todavía no constituye una regulación vigente) responde, según el propio ministerio, a los cambios que ha experimentado la industria turística como consecuencia de la expansión de las plataformas digitales y del crecimiento sostenido de esta modalidad de hospedaje.

En el documento sometido a discusión, MITUR sostiene que la evolución de los modelos de negocio y de contratación de viviendas vacacionales hace necesario adaptar el marco normativo para incorporar mecanismos de registro, supervisión y control que contribuyan a fortalecer la seguridad, la transparencia y la calidad de los servicios ofrecidos.

No se trata de un mercado menor. En declaraciones compartidas por Forbes República Dominicana, la viceministra técnica del Ministerio de Turismo, Jaqueline Mora, explicó que el alojamiento no hotelero ha pasado de ser un segmento complementario a convertirse en uno de los principales motores del crecimiento de la oferta turística del país. "Las habitaciones no hoteleras también están ahí y somos también los que hemos más crecido en habitaciones no hoteleras", afirmó.

La funcionaria indicó que República Dominicana cuenta actualmente con unas 56,000 propiedades dentro de este segmento, una cifra que supera incluso a mercados turísticos consolidados del Caribe como Quintana Roo, en México, con alrededor de 49,000 propiedades, y Jamaica, con unas 17,000.

Ese crecimiento también se refleja en la composición de la oferta nacional de alojamiento. De acuerdo con Mora, República Dominicana disponía al cierre de 2025 unas 214,000 habitaciones, de las cuales alrededor de 136,000 corresponden al segmento no hotelero y unas 77,000 pertenecen a establecimientos hoteleros.

La evolución también ha cambiado la forma en que los viajeros utilizan el destino. Mientras entre 2018 y 2024 la cantidad de turistas alojados en hoteles pasó de 5.2 millones a 5.8 millones, quienes optaron por hospedajes no hoteleros aumentaron de 1.2 millones a 2.7 millones, una tendencia que, según la funcionaria, responde más a una transformación de la demanda que a un desplazamiento entre modelos de alojamiento.

"Eso ni es bueno ni es malo. Eso es simplemente una demanda", sostuvo. Para Mora, el fenómeno responde a un cambio más amplio en las preferencias de los visitantes. "Otros segmentos están buscando otra cosa y definitivamente hay un cambio en la tendencia", explicó, al señalar que el turismo ya no gira exclusivamente alrededor del hotel y que el destino, en su conjunto, ha adquirido un papel cada vez más relevante dentro de la experiencia del visitante.

Precisamente ese crecimiento es uno de los elementos que sirve de contexto para la propuesta sometida ahora a consulta pública.

Qué propone

El proyecto establece que toda propiedad destinada al alquiler vacacional de corta estadía deberá registrarse previamente en el Registro Nacional de Hospedaje Turístico (RENATUR) antes de ser promocionada, ya sea de forma directa o a través de plataformas digitales.

La obligación se extendería a propietarios, administradores, anfitriones y prestadores de servicios, quienes deberán cumplir una serie de requisitos documentales para obtener su inscripción.

Además, cuando las propiedades formen parte de un régimen de condominio, el Ministerio de Turismo plantea verificar que los reglamentos internos permitan expresamente el alquiler de corta estadía. De existir una prohibición, el inmueble no podría obtener el registro correspondiente.

Otro de los cambios planteados recae sobre las plataformas digitales. La propuesta dispone que estas deberán exigir el número de registro RENATUR a las nuevas propiedades que pretendan anunciarse y conceder un plazo de hasta 60 días para que los inmuebles ya publicados regularicen su situación. Una vez vencido ese período, las plataformas tendrían que retirar de sus listados aquellas propiedades que no cuenten con el registro emitido por el Ministerio de Turismo.

La propuesta, sin embargo, ha encontrado observaciones dentro del propio sector. La Asociación Dominicana de Rentas Cortas (ADORECO) considera que el proyecto representa un paso relevante para definir el futuro regulatorio de la actividad, pero entiende que el proceso debe incorporar una discusión más amplia antes de convertirse en una norma definitiva.

"Lo que hoy está en discusión no es únicamente una resolución administrativa. Lo que se debate es el marco regulatorio que definirá la forma en que miles de propietarios podrán ejercer el uso y aprovechamiento de sus inmuebles, la seguridad jurídica para la inversión y el desarrollo del sector", planteó la organización.

De acuerdo con el gremio, el principal punto de debate radica en que la propuesta aborda las rentas cortas exclusivamente desde una óptica turística, cuando, sostiene, el mercado también responde a otras modalidades de ocupación temporal, como viajes de negocios, estancias académicas o alojamiento para dominicanos residentes en el exterior.

"Regular una realidad compleja como si fuera únicamente una actividad turística conduciría, inevitablemente, a una regulación parcial e insuficiente, incapaz de responder a la verdadera naturaleza del ecosistema de las rentas cortas", afirmó.

Con ese argumento, ADORECO solicitó al Ministerio de Turismo extender el período de consulta pública, abrir una mesa técnica con representación de los distintos actores del sector, revisar y armonizar los requisitos planteados en el proyecto y establecer reglas diferenciadas según la naturaleza y la escala de quienes participan en esta actividad.

No obstante, la asociación también dejó claro que sus observaciones no constituyen un rechazo a la regulación. "No nos oponemos a la formalización ni a una regulación que mejore la seguridad y la transparencia del sector. Lo que planteamos es que una normativa de este alcance debe construirse con la participación efectiva de la comunidad directamente impactada y reconocer que las rentas cortas no son únicamente alojamiento vacacional: forman parte de un ecosistema inmobiliario, turístico, habitacional y tecnológico que genera inversión, empleo y actividad económica en las comunidades", afirmaron a Forbes Dominicana.

El proyecto ha abierto un debate que, más allá del contenido de la propuesta, evidencia el peso que han adquirido las rentas cortas dentro de la oferta turística dominicana. Mientras el Ministerio de Turismo defiende la necesidad de establecer reglas para ordenar el mercado, representantes del sector respaldan la formalización, pero piden que el proceso incorpore una visión más amplia sobre esta modalidad de alojamiento.

La consulta pública permanecerá abierta hasta el 22 de julio. Concluido ese plazo, el ministerio evaluará las observaciones recibidas antes de decidir si modifica o adopta la resolución.