La propuesta se fundamenta en facilitar la atracción de inversiones y la simplificación de procesos para acelerar nuevos proyectos.

El sector minero, en coordinación con el Gobierno, ha elaborado una propuesta de reforma a la ley minera de la República Dominicana con el propósito de atraer más inversiones y eliminar trabas que hoy frenan la ejecución oportuna de nuevos proyectos y la expansión de operaciones existentes en esta industria, que aporta cerca del 2 % al producto interno bruto (PIB) nacional.

El proyecto fue presentado por la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE), cuyo presidente, Pedro Esteva, destacó que con la modernización de esta legislación, que tiene más de 50 años de antigüedad, se podría duplicar la participación de la minería en el PIB.

Con este planteamiento coincide el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, quien subraya que la minería es uno de los sectores de mayor valor agregado de la economía dominicana, que representa alrededor del 50 % de las exportaciones y genera empleos de calidad. “Esta es la industria que tiene el salario promedio más alto de la economía”, apunta Santos.

Joel Santos, ministro de Energía y Minas.

¿En qué se fundamenta y en qué consiste la propuesta?

Según el presidente de la CAMIPE, en la actualidad el sector minero tiene detenidas, “en un limbo administrativo”, 287 solicitudes de exploración y 107 de explotación debido a la lentitud y complejidad de los procesos.

“Cada expediente detenido es una oportunidad perdida para que el país demuestre que puede atraer inversión de alta calidad, bajo reglas estrictas pero eficientes”, advierte el líder empresarial.

Es ante estas y otras debilidades que el sector propone una actualización de la ley “para que el Estado pueda fiscalizar con eficiencia y las empresas podamos invertir con certeza”.

“En una legislación moderna, si una empresa cumple, el proyecto avanza; si no cumple, el Estado debe tener la facultad inmediata de sancionar o detener por decisión técnica motivada y con debido proceso. La seguridad jurídica nace de esa certeza”, planteó Esteva.

El proyecto también plantea la implementación de un sistema de seguimiento digital de los expedientes, con el fin de garantizar su trazabilidad y reducir el riesgo de extravío de documentos; la implementación de una ventanilla única para realizar los trámites que involucran a varias instituciones; la adopción de modelos y herramientas claros para el seguimiento de las contribuciones del sector, entre otros aspectos.

Puede conocer los detalles de la propuesta en la página web de CAMIPE.