En América Latina, varios países han adoptado sistemas obligatorios de etiquetado frontal de advertencia para enfrentar el aumento de enfermedades no transmisibles vinculadas a la alimentación.
República Dominicana se posiciona como uno de los países con mayor apertura comercial del Caribe. Esta integración al intercambio internacional, aunque impulsa el dinamismo económico, también plantea el desafío constante de innovar y adaptarse para competir frente a una oferta extranjera cada vez más diversa.
En este escenario, el país no solo comercia, sino que también compite bajo las reglas de sus principales socios comerciales, que en muchos casos representan una amenaza directa para la producción nacional. Solo en 2024 se registraron importaciones desde 207 países o territorios —cinco menos que el año anterior—, pero el 79.6 % del valor total importado provino de apenas diez naciones, entre ellas Estados Unidos (40.2 %), China (17.8 %) y España (4.1 %).
Los bienes de consumo representaron el principal grupo económico importado, concentrando el 46.1% del valor total. Durante 2020, Estados Unidos suministró a República Dominicana el 96 % de los productos cárnicos importados, valorados en US$188 millones, una cifra que ha seguido en ascenso, según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). Un informe titulado “El consumo de alimentos en República Dominicana” destaca que los productos orientados al consumidor —como queso, carne de cerdo, leche descremada, carne de aves, frutas, vegetales procesados, salsas, snacks y alimentos para mascotas— representan una parte significativa de las exportaciones agrícolas estadounidenses al país.
Esta información cobra mayor relevancia en el contexto actual, marcado por el avance en la implementación del etiquetado frontal de advertencia nutricional (EFAN) en República Dominicana. El proceso ya ha dado pasos concretos con una resolución reciente del Ministerio de Salud Pública que respalda su adopción.
Durante un encuentro titulado “entendiendo el etiquetado frontal y sus desafíos en República Dominicana”, Marcela Rodríguez, directora de Asuntos Científicos y Regulatorios de la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB) expresó una realidad: “Cada vez más personas leen las etiquetas, se cuestionan lo que consumen y exigen transparencia”.
El avance hacia el etiquetado frontal de advertencia nutricional (EFAN) responde a una combinación de factores: el aumento sostenido de enfermedades no transmisibles como la obesidad, la diabetes y la hipertensión; la presión de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para mejorar la información que reciben los consumidores; una creciente base de evidencia científica que demuestra el impacto de una mala alimentación y la necesidad de establecer regulaciones claras; y el activismo ciudadano y de salud pública que ha impulsado cambios legislativos en diversos países de la región.
Presencia en la región
En América Latina, varios países han adoptado sistemas obligatorios de etiquetado frontal de advertencia para enfrentar el aumento de enfermedades no transmisibles vinculadas a la alimentación. Estos esquemas, basados en evidencia científica, suelen emplear símbolos visuales como sellos octagonales negros para alertar a los consumidores sobre altos niveles de calorías, azúcares, sodio o grasas saturadas. Chile fue pionero en 2016, seguido Perú (2019), México (2020), Uruguay (2020) y Argentina (2021). Brasil, por su parte, utiliza una lupa para señalar el exceso de nutrientes críticos, mientras que Colombia estableció su sistema a través de la Ley de Comida Chatarra en 2022. Ecuador y Bolivia optaron por modelos tipo semáforo, aunque la implementación en este último sigue pendiente. Incluso países con contextos económicos complejos, como Venezuela, han aprobado normativas similares.
La Unión Europea, en contraste, no ha armonizado un sistema obligatorio de etiquetado frontal. Algunos países como Francia, Alemania, Bélgica y España utilizan de manera voluntaria el sistema Nutri-Score, que clasifica los alimentos en una escala de letras y colores, mientras que otros —como Italia y Grecia— lo rechazan por considerarlo perjudicial para productos tradicionales.
En Estados Unidos, principal socio comercial de República Dominicana, el etiquetado frontal no es obligatorio, pero en enero de 2025 la FDA propuso una norma que exigiría incluir información nutricional visible en el frente de los envases, indicando si el contenido de grasas saturadas, azúcares añadidos o sodio es bajo, medio o alto.
Es en este contexto donde, desde Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) se cuestionan la implementación de la medida, que podría impactar la industria local. Mario Pujols, vicepresidente del organismo gremial advirtió que la discusión sobre el etiquetado frontal de advertencia (versión 4.0) se está dando sin que el país haya logrado consolidar correctamente el sistema actual de etiquetado nutricional básico. “Estamos ahora discutiendo el etiquetado 4.0 sin antes tener la certeza legal de que el 1.0 se ha implementado de forma eficiente y eficaz”, señaló.
Pujols explicó que este desorden ha generado confusión entre los consumidores, ya que se mezcla el etiquetado nutricional con aspectos regulatorios sanitarios e industriales, sin un enfoque claro. También se cuestionó la falta de concertación legal y técnica para avanzar hacia un modelo más complejo de etiquetado frontal, similar a los que ya operan en otros países con símbolos como el octógono negro de advertencia.
Durante el encuentreo, Rodríguez advirtió que el modelo de etiquetado frontal basado en los criterios de la OPS, actualmente en consulta pública por parte del Ministerio de Salud Pública, podría generar confusión en los consumidores si no se acompaña de una adecuada explicación y diferenciación entre productos. Como ejemplo, señaló que tres jugos con distintas concentraciones de azúcar —uno con 3°, otro con 6° y otro con 11°— recibirían el mismo sello de advertencia de “alto en azúcar”, lo que impide al consumidor distinguir cuál es la opción más saludable.
Para Nicolle Valerio Issa, directora ejecutiva de la Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas (ASIBENAS), uno de los mayores riesgos del etiquetado frontal de advertencia es que no distingue entre productos reformulados o con mejoras en su perfil nutricional y aquellos que no han sido modificados. “Si todos los productos terminan llevando la misma etiqueta de advertencia, sin importar si han reducido sodio, azúcar o grasas, la industria no tendrá incentivos reales para innovar ni para mejorar sus fórmulas. Al contrario, se desincentiva el esfuerzo por ofrecer alternativas más saludables”, advirtió. Según explica, esto podría frenar la evolución del mercado hacia opciones más equilibradas, afectando tanto al consumidor como a los fabricantes que apuestan por mejorar.
Situación actual
El Ministerio de Salud Pública remitió en diciembre de 2023 una propuesta de resolución sobre etiquetado frontal nutricional de productos procesados y ultraprocesados, una iniciativa que aún se encuentra en discusión, tanto a nivel local como en organismos internacionales.
Tras una prórroga de comentarios públicos que venció el 3 de abril de 2024, la propuesta fue enviada a la Organización Mundial del Comercio (OMC) como parte del proceso de transparencia y consulta con los socios comerciales del país. Frente a esta situación, representantes del sector industrial manifestaron su oposición a la resolución, señalando que muchos productos importados entran al país sin cumplir con los requisitos básicos del etiquetado en español, mientras que a los fabricantes locales se les exige una estricta observancia de normas sanitarias y comerciales.
“Hay productos en el mercado con etiquetas en chino, francés, inglés… pero no en español. Y entran. ¿Dónde está la equidad?”, cuestionaron. Recordaron que la Ley General de Salud, el reglamento de alimentos y bebidas y la ley de defensa del consumidor ya establecen que toda etiqueta debe estar en español y contar con registro sanitario.
Durante el encuentro, expresaron que mientras la región de Centroamérica y la CARICOM no han definido un estándar común, y Estados Unidos apenas está en consulta pública ante la OMC sobre su posible sistema de etiquetado frontal (abierta hasta julio de 2025), la República Dominicana parecería adelantarse sin coordinación regional.
“Nuestros socios comerciales todavía están decidiendo. ¿Por qué debemos tomar una medida unilateral que podría afectarnos?”, expresaron, a la vez que se cuestionó la aplicación del etiquetado a productos importados, considerando que muchos entran sin restricciones bajo tratados comerciales. La preocupación se centra en cómo se exigirá el cumplimiento a estos productos si los tratados actuales no lo contemplan explícitamente. “Nuestros productos exportados deben cumplir con las normas del país de destino. Pero aquí, a veces, los productos importados no cumplen las nuestras”, expresó Pujols.
También dejaron claro que la industria local está dispuesta a adaptar sus etiquetas si así lo exige la ley, pero piden reglas claras y condiciones de competencia equitativas. En ese contexto, el sector privado hizo un llamado directo a detener el avance de la resolución y crear una mesa de trabajo técnica, con participación del Estado, las industrias, expertos en nutrición y representantes del comercio internacional.
Este trabajo es una colaboración especial del periodista Joan Sebastian.
