Intereses de la deuda presionan el gasto público de República Dominicana en 2026

Cada presupuesto plantea una pregunta sobre el destino de los recursos públicos: cuánto dinero entra, cuánto se gasta y qué parte de ese gasto está comprometida antes de que comiencen a financiarse las principales políticas del Estado. Para 2026, una de las mayores partidas del Gobierno Central estará vinculada al costo de la deuda.

El Presupuesto General del Estado para 2026 contempla 362,550 millones de pesos (mdp) para el pago de intereses de la deuda pública, equivalentes al 22.3 % del gasto total y al 4.2 % del PIB. El monto supera los 328,145.1 mdp asignados a educación, la principal partida dentro de los servicios sociales.

La diferencia entre ambas asignaciones alcanza 34,404.9 mdp. Salud, por su parte, contará con 168,782.8 mdp, mientras que la protección social tendrá una asignación de 191,986 mdp.

El peso de los intereses aparece dentro de un presupuesto que establece un techo de gasto de 1,622,833.4 mdp, equivalente al 18.7 % del PIB, frente a ingresos totales proyectados de 1,342,258.2 mdp, equivalentes al 15.5 % del PIB. La diferencia entre ambos montos genera un déficit financiero de 280,575.3 mdp, equivalente al 3.2 % del PIB.

Sin embargo, la imagen cambia cuando se excluye el pago de intereses. El Gobierno Central proyecta para 2026 un superávit primario de 43,681.9 mdp, equivalente al 0.5 % del PIB. Es decir, antes de incorporar los intereses de la deuda, los ingresos previstos superan los gastos considerados para el cálculo del resultado primario.

El presupuesto contempla, además, 401,767.8 mdp en necesidades brutas de financiamiento, que serán cubiertos mediante emisiones de bonos en los mercados internacionales y domésticos, así como con financiamiento de organismos multilaterales y bilaterales y de la banca nacional e internacional.

De ese monto, 121,192.6 mdp corresponden a aplicaciones financieras, principalmente relacionadas con la amortización de la deuda. La diferencia, 280,575.3 mdp, coincide con el déficit financiero previsto para el ejercicio.

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Dónde se concentra el gasto

Los servicios sociales constituyen la mayor finalidad del presupuesto, con 738,460.6 mdp, equivalentes al 45.5 % del gasto total y al 8.5 % del PIB. Esta asignación representa un aumento de 10.9 %, o 72,602.1 mdp, respecto a 2025.

Dentro de ese bloque, educación recibirá 328,145.1 mdp; protección social, 191,986 mdp; salud, 168,782.8 mdp; vivienda y servicios comunitarios, 31,370.8 mdp; actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas, 16,923.6 mdp, y equidad de género, 1,252.3 mdp.

Después de los servicios sociales y los intereses de la deuda, los servicios generales concentran 256,969.1 mdp, el 15.8 % del gasto total. Esta finalidad registra un aumento de 7.3 %, equivalente a 17,504.8 mdp, frente a lo presupuestado para 2025.

Dentro de este grupo se incluyen 102,151.5 mdp para administración general, 84,057.8 mdp para justicia, orden público y seguridad, 55,750.2 mdp para defensa nacional y 15,009.5 mdp para relaciones internacionales.

Los servicios económicos, entretanto, dispondrán de 249,200.4 mdp, equivalentes al 15.4 % del gasto total y al 2.9 % del PIB. Esta partida aumentará 8.0 %, unos 18,563.3 mdp, respecto al ejercicio anterior.

De ese monto, energía y combustibles recibirán 95,599.4 mdp y transporte 89,860.7 mdp. También se contemplan 22,840.3 mdp para asuntos económicos y laborales y 19,229.3 mdp para actividades agropecuarias, caza, pesca y silvicultura.

El resultado fiscal

El presupuesto proyecta ingresos corrientes por 1,340,556.9 mdp y gastos corrientes por 1,407,548.7 mdp, para un déficit económico de 66,991.8 mdp, equivalente al 0.8 % del PIB.

En el componente de capital, los ingresos alcanzarían apenas 1,701.2 mdp, frente a gastos de capital de 215,284.7 mdp, generando un déficit de capital de 213,583.5 mdp, equivalente al 2.5 % del PIB.

El documento señala que este resultado implica la necesidad de recurrir al financiamiento para cubrir las demandas de inversión previstas para sostener un mayor dinamismo económico en el mediano plazo.

Así, el Presupuesto General del Estado de 2026 combina un superávit primario de 0.5 % del PIB con un déficit financiero de 3.2 %, mientras los intereses de la deuda representan una de las mayores asignaciones individuales del gasto público, por encima de los recursos destinados a educación.