Los medicamentos contra la enfermedad más recientes funcionan, pero son de uso prolongado y todavía no está claro cómo se paga esa cuenta. En México, con 37.4% de los adultos afectados, la discusión sigue pendiente.
La nueva generación de fármacos para la obesidad puso en el centro de una revolución médica una pregunta económica, la de quién puede costearlos, ya que el ingreso, la cobertura y la posibilidad de sostener el tratamiento deciden cuáles pacientes llegan a aprovecharlos y cuáles no.
El debate tiene que salir de las celebridades y de las transformaciones físicas y entrar en los consejos de administración, las aseguradoras y las instituciones públicas, ya que se trata de un padecimiento crónico, y pagar el arranque sin prever la continuidad deja pendiente la parte más difícil de la cuenta.
En diciembre de 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) difundió su primera guía sobre el uso de terapias GLP-1 para tratar la obesidad en adultos y las ubicó dentro de un abordaje integral. Reconoce su eficacia, pero la recomendación es condicional porque faltan datos sobre su empleo prolongado y pesan los costos actuales, la preparación insuficiente de los sistemas sanitarios y los posibles efectos sobre la equidad.
Empezar es lo fácil
Una familia puede juntar el dinero para iniciar un tratamiento, pero sostenerlo exige ingresos, cobertura y seguimiento médico durante años. Por eso la diferencia entre comenzar y continuar debería ocupar un lugar central en cualquier política pública sobre el tema.
La OMS calcula que, aun con una rápida expansión de la producción, estas terapias llegarían para 2030 a menos del 10% de quienes podrían beneficiarse. Por lo tanto, fabricar más, entonces, no basta por sí solo para derribar las barreras de acceso.
En Estados Unidos, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) pusieron en marcha el 1 de julio de 2026 el Medicare GLP-1 Bridge, un programa temporal que permite a determinados afiliados de la Parte D obtener ciertos agonistas de GLP-1 para perder peso o mantenerlo con un copago de 50 dólares al mes, hasta el 31 de diciembre de 2027. Ese monto es el desembolso individual y no refleja el costo total del tratamiento.
Abaratar lo que paga el paciente no elimina el gasto, lo traslada, y por eso cualquier ampliación obliga a decidir cómo se reparte la cuenta entre el usuario y el financiador, que en este caso es el gobierno federal. Para evaluar la iniciativa hay que mirar los resultados de salud y también el presupuesto necesario para sostenerlos.
La tensión llega a las empresas
Para los empleadores, sumar estos fármacos a las prestaciones laborales abre una discusión sobre cuánto cuesta y por cuánto tiempo. Un análisis de KFF publicado en octubre de 2025, que cruza su encuesta sobre seguros médicos de las empresas estadounidenses con grupos focales, recogió en esas conversaciones preocupación por la factura: muchas habían considerado recortar la cobertura y algunas ya endurecían los requisitos para obtenerla.
El reparo se entiende, porque una compañía maneja presupuestos anuales y una enfermedad crónica puede requerir atención durante años. Además, el beneficio para el paciente y el retorno económico se miden por separado, y un tratamiento eficaz no siempre genera ahorros inmediatos para quien lo financia.
Prometer que la cobertura se paga sola debilita el argumento. La decisión necesita criterios clínicos, seguimiento y medición de resultados, y también aceptar que mejorar la salud justifica a veces una inversión, aunque la ganancia no aparezca en el balance del año siguiente.
El caso mexicano
En México el problema es de escala: los datos de la Ensanut Continua 2020-2024, que el Instituto Nacional de Salud Pública difundió en diciembre de 2025 en su revista científica, ubican la obesidad en 37.4% de las personas de 20 años o más.
Con esa magnitud, el país tiene que discutir cómo financiar una atención integral, cómo fijar prioridades clínicas y cómo sostener el seguimiento, ya que copiar un modelo extranjero sin evaluar sus costos y su viabilidad local no alcanza. Tampoco sería razonable que la capacidad de pago individual reemplace al criterio médico a la hora de decidir a quién se atiende.
Pacientes, profesionales de la salud, aseguradoras, empleadores e instituciones públicas cargan con una parte del problema, y ninguno lo resuelve por su cuenta. El paso siguiente es construir una cobertura a la altura de los nuevos tratamientos, con esquemas que midan resultados, aclaren desde el inicio qué se cubre y con qué reglas, prevean cómo se revisan las decisiones y no dejen fuera la incertidumbre sobre el gasto.
Estos fármacos abrieron un horizonte terapéutico inédito, y la prueba de esta revolución será cuántas personas logren sostenerlos con beneficios comprobables y sin desarmar sus finanzas, porque mientras el acceso dependa de quién puede pagar cada mes, la medicina seguirá yendo más rápido que los sistemas encargados de ponerla al alcance de la gente.
(*) El autor cuenta con más de treinta años de trayectoria profesional en México y EE.UU., y es especialista en manejo del dolor, medicina preventiva y longevidad.