Los objetivos del plan son fortalecer el crecimiento económico; simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias; combatir el incumplimiento y la evasión; y la consolidación fiscal.

República Dominicana planea implementar una serie de medidas con las que busca mitigar el impacto de la crisis internacional, en particular el conflicto en Oriente Medio, que ha afectado el suministro mundial de petróleo y cuyos efectos en el país se reflejan en la inflación, la actividad económica y las finanzas del Estado.

Este viernes, el Gobierno, por medio del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, presentó una propuesta que apunta a mantener la estabilidad macroeconómica, fiscal y social; amortiguar el efecto local del aumento de los precios internacionales y evitar una caída de la inversión pública.

Los objetivos del plan son fortalecer el crecimiento económico; simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias; combatir el incumplimiento y la evasión; y la consolidación fiscal.

Entre las acciones de carácter económico se encuentran el reembolso a los exportadores del impuesto selectivo a combustibles y seguros; la derogación gradual de impuestos a las hipotecas, la constitución de compañías, el impuesto selectivo a seguros de vida y la devolución del impuesto selectivo sobre el alcohol etílico utilizado en la fabricación de medicamentos.

Para “hacerle la vida más fácil al que quiere cumplir con sus obligaciones”, el Gobierno propone eliminar los anticipos para las microempresas, así como los impuestos a los activos al sector agropecuario; reducir los recargos moratorios; aplicar descuentos por el pago de deudas antes de la fecha establecida; otorgar amnistías de deudas tributarias; reducir de 25 % a 10 % el Impuesto sobre la Renta por ganancia de capital en la venta de inmuebles en el caso de personas físicas, entre otras.

Para combatir el incumplimiento y la evasión plantea, entre otras medidas, prevé aumentar las retenciones por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR) a un grupo de contribuyentes “difíciles de gravar”.

En cuanto a la actualización del sistema tributario para la consolidación fiscal, propone un aumento de 0.15 % a 0.20 % del impuesto sobre los cheques y transferencias electrónicas; incrementar a 30 %, durante tres años, la tasa del impuesto sobre la renta empresarial a grandes contribuyentes. Esta medida aplicaría para empresas con ingresos superiores a los 1,000 millones de pesos anuales e impactaría a más de 1,000 compañías, según los datos proporcionados por el Ministerio.

También plantea crear un nuevo tramo del ISR personal de 27 % para salarios mayores a los 400,000 pesos mensuales, medida que impactaría a unos 5,900 contribuyentes, y aumentar el impuesto selectivo a cigarrillos electrónicos y vapes, casinos y juegos de azar, así como a los pasajes aéreos, que registrarían un incremento de 10 dólares.

“Hemos tratado de proteger a los que menos tienen, no cargar más a la clase media, incentivar la producción y la inversión; facilitar a quien quiere cumplir, dotar de más herramientas a la administración para combatir la evasión y ayudar a las mipymes. Los contribuyentes de mayor capacidad contributiva son los que más van a aportar”, explica el documento presentado por el ministro de Hacienda y Economía.

Valoración del sector empresarial

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), mediante un comunicado de prensa, valoró positivamente las medidas presentadas por el Gobierno, sobre todo las que buscan simplificar el cumplimiento tributario, apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, fortalecer la inversión y proteger a los sectores más vulnerables.

Sin embargo, plantea que existe una importante oportunidad para fortalecer la sostenibilidad fiscal ampliando la base tributaria, reduciendo los espacios de evasión e informalidad y corrigiendo situaciones de competencia desleal que colocan en amplia desventaja a miles de empresas y trabajadores que cumplen plenamente con sus obligaciones fiscales, laborales y regulatorias.

Según el CONEP, organización que reúne a más de 70 gremios que, a su vez, representan más de 60,000 empresas, avanzar con mayor determinación en esa dirección permitiría incrementar la recaudación, fortalecer la equidad tributaria y preservar la competitividad del aparato productivo formal, evitando que el peso principal de los ajustes recaiga sobre quienes ya contribuyen de manera significativa al financiamiento del Estado.

“Entendemos que las circunstancias excepcionales derivadas de la actual coyuntura internacional pueden requerir esfuerzos extraordinarios de distintos sectores. No obstante, cualquier contribución adicional debe responder a criterios de necesidad, proporcionalidad, temporalidad y previsibilidad, de manera que preserve la confianza, la inversión y la capacidad de generación de empleos formales”, plantea mediante un comunicado.

A la vez, la organización empresarial se pone a disposición para colaborar con las autoridades en la búsqueda de soluciones equilibradas que contribuyan a la sostenibilidad fiscal, fortalezcan la confianza y preserven las condiciones necesarias para continuar impulsando el crecimiento económico y el bienestar de la población dominicana.