En el siguiente artículo de opinión se presentan los desafíos y oportunidades del proyecto de modificación de ley para la gestión integral de residuos sólidos y coprocesamiento.
Por Julissa Báez
La gestión de residuos sólidos es uno de los desafíos ambientales más importantes a nivel mundial, y la República Dominicana no es la excepción.
Con un crecimiento urbano acelerado y un aumento en la producción de desechos, el país se enfrenta a la necesidad urgente de establecer políticas públicas más efectivas que promuevan la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.
En este contexto, el Proyecto de Ley que modifica la Ley 225-20, sobre la Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, ha generado un debate significativo entre los distintos actores sociales, económicos y ambientales del país.
Aquí puedes leer sobre el desafío que representa la carbono neutralidad para la industria cementera.
Aprobada por el Senado en enero de 2025, esta modificación propone una serie de medidas para regular y fomentar la valorización energética de los residuos, particularmente a través del coprocesamiento en las cementeras.
El coprocesamiento consiste en la utilización de residuos como combustibles alternativos en los hornos de las cementeras, lo que contribuye a la reducción del uso de combustibles fósiles y a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta es una práctica que ADOCEM ha promovido desde hace más de una década.
La incorporación de combustibles
En la reciente modificación del Proyecto de Ley, se ha introducido un nuevo artículo, el Artículo 20, que establece la obligatoriedad de que las cementeras incorporen un mínimo de un 30% de combustibles derivados de residuos (CDR) en sus procesos de producción, con un período gradual que comienza con un 10% obligatorio desde el año 2026.
A primera vista, esta medida parece una excelente oportunidad para expandir el uso del coprocesamiento en la industria cementera. No obstante, ADOCEM plantea varias preocupaciones sobre la viabilidad de la medida, dado que su implementación requiere de condiciones previas que aún no están presentes en la República Dominicana.
- Infraestructura insuficiente: Actualmente, solo cuatro de las seis empresas cementeras en el país tienen los equipos necesarios para llevar a cabo el coprocesamiento de residuos.
- Falta de suministro adecuado de residuos: No existe aún una infraestructura adecuada para asegurar el suministro constante y de calidad de los combustibles derivados de residuos.
- Inversión en tecnología e infraestructura: A nivel internacional, se ha demostrado que alcanzar un nivel alto de sustitución de combustibles fósiles por alternativas requiere significativas inversiones en infraestructura y tecnología.
ADOCEM está comprometida con el avance del coprocesamiento, pero considera que la modificación del artículo 20 debe ser revisada. Entre las propuestas de ADOCEM se incluyen: eliminar la obligatoriedad de porcentajes fijos; fortalecimiento de la cadena de suministro; incentivos fiscales y económicos; y, monitoreo y ajuste gradual.
Julissa Báez es directora ejecutiva Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad de su autora y no tienen que ver con la posición de Forbes República Dominicana.