Evaluar el gasto rigurosamente

Mientras menos recursos tienen los ciudadanos de un país, mayor es el esfuerzo que deben realizar para financiar la administración pública. La incidencia impositiva tienen un costo de oportunidad que solo conoce cada persona; un sacrificio para aportar al fisco.

Los ciudadanos pagan impuesto sobre la renta; luego, cuando consumen, pagan impuesto al valor agregado (ITBIS); selectivos sobre bienes y servicios; con aranceles incluidos en los bienes que compran. Si una persona realiza una transferencia, o emite un cheque, debe pagar un impuesto por la transacción bancaria. Si puede comprar un inmueble, deberá realizar un pago por la transacción de este o por la tenencia, dependiendo del valor. Si logra ahorrar, deberá tributar por los intereses de sus ahorros.

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Cada familia habrá consumido menos, y ahorrado o invertido en menor proporción. En consecuencia, el sacrificio individual amerita que se evalúe, con la debida rigurosidad, el destino que reciben sus recursos cuando se transforman en gasto público.

Cuando un ciudadano realiza una transacción, de manera voluntaria, es porque percibe que el valor recibido es superior al dinero que entrega. Esta es la explicación, desde el punto de vista económico, de por qué se realizan los intercambios voluntarios entre los agentes económicos. Es decir, es este el por qué las personas intercambian bienes y servicios en los llamados mercados.

Sin embargo, en el ámbito de lo público no existen esos mercados de transacciones libres. Los servicios públicos suelen ser monopolios, o se encuentran en mercados en los cuales predomina la oferta pública. En consecuencia, es difícil reconciliar lo que las personas pagan, regularmente en la forma de impuestos, con el valor que reciben. Por lo tanto, mientras existan servicios en el ámbito público, es muy importante establecer mecanismos de evaluación del gasto antes, durante y después de ejecutados los proyectos y programas. En el caso de los mecanismos existentes, es aconsejable fortalecerlos.

Gastar más no es la solución. Es posible incrementar los recursos para educación, salud, policía; pero si las competencias de quienes administran los dineros no son mejoradas, los resultados no serán los que esperan los contribuyentes. Es necesario alinear, en consecuencia, los intereses de quienes administran los recursos con los de quienes pagan. Evaluaciones independientes y rigurosas llevarían a realizar reformas que, mejorando las competencias, implementando organizaciones más ágiles y cercanas a los usuarios, entre otras modificaciones, podrían resultar en mejores servicios. Las evaluaciones también traerían transparencia al gasto público. Al final, el interés de todos debe ser obtener mejores servicios con menor carga tributaria y endeudamiento público.

Por Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES)

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad de su autora y no tienen que ver con la opinión de Forbes República Dominicana.

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