El interés de todos debe ser que los servicios que reciben los ciudadanos sean cada vez mejores, pero de forma más eficiente. Es decir, que el sacrificio tributario y el endeudamiento público no tengan que aumentar para que la calidad de los servicios mejore.
Por Miguel Collado
Parece irónico que mientras menos eficientes son los servicios públicos en el país, más recursos se demandan para el gasto en estos.
La ironía procede de que ser eficiente es proporcionar mejores resultados con menos insumos. Gastar menos para dar mejores y mayores resultados. Así se mide el avance de la humanidad.
Los emprendedores del mundo, en promedio, producen más con menos. Materiales de construcción más baratos, aumento de la producción agrícola por hectárea, menor consumo de energía por unidad producida, entre otros, son ejemplos de la vida diaria.
Indicadores locales e internacionales señalan que es necesario mejorar los servicios de educación por el bajo rendimiento de los estudiantes; de igual forma, la mora judicial es alta, tanto en los casos penales como civiles; la salud presenta deficiencias de acuerdo con estudios del Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos. La situación es casi generalizada.
Es necesario entender la naturaleza del problema. Cuando un ciudadano realiza una transacción, de forma voluntaria, es porque percibe que el valor recibido es superior al dinero que entrega. Ese es el por qué se realizan los intercambios, desde el punto de vista de la ciencia económica.
Sin embargo, en el ámbito de los servicios públicos no existe un mercado libre y voluntario. Los gobiernos cobran los impuestos de forma forzosa. Los servidores públicos y los ciudadanos no establecen vínculos libres con la intención de beneficiarse mutuamente.
La naturaleza de esas relaciones hace difícil reconciliar el sacrificio económico de los contribuyentes con el valor que reciben en forma de servicios.
En consecuencia, son necesarios arreglos institucionales más fuertes para tratar de que se cumplan unos mínimos de eficiencia y eficacia en la entrega de los servicios.
Uno de estos mecanismos institucionales debe ser la constante evaluación de las iniciativas públicas. Esta evaluación debe involucrar a los ciudadanos y a organismos no vinculados con el estado nacional.
Evaluaciones independientes y rigurosas ayudarían a mejorar el control y a poder suministrar insumos para cambios en los ministerios y direcciones del Estado dominicano.
Con el fin de crear mejores controles, aumentar las competencias de los servidores públicos y mejorar los procesos.
En adición, es pertinente explorar esquemas en los cuales los privados, bajo contratos claros que procedan de licitaciones internacionales, puedan proporcionar servicios públicos de mejor calidad. El interés de todos debe ser que los servicios que reciben los ciudadanos sean cada vez mejores, pero de forma más eficiente.
Es decir, que el sacrificio tributario y el endeudamiento público no tengan que aumentar para que la calidad de los servicios mejore.
Experiencias internacionales señalan que el manejo de las compras es importante para gastar menos en los insumos que demandan las instituciones. Países con mejores sistemas de adquisiciones han tenido ahorros en, por ejemplo, salud pública.
En otros casos, las competencias de los servidores públicos ayudarían a obtener mejores servicios, tal es el caso particular de educación y el caso de los maestros dominicanos.
En general, sin mejores competencias, aumentar el gasto en personal, materiales o activos físicos no a va a proporcionar mayores resultados si no existen las condiciones para aprovecharlos.
Los procesos deben cambiar para que mejoren los resultados que esperan obtener los contribuyentes que pagaron por el gasto público.
Miguel Collado es vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES).
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes República Dominicana