A poco más de dos años de aprobarse la Ley 47-20 sobre Alianza Público Privada, unos 20 proyectos están en estudio, los cuales abarcan obras de infraestructuras portuarias, desarrollo turístico y un sistema para digitalizar trámites relacionados a bienes inmobiliarios, entre otros.

Por Felivia Mejía

La conversión del Puerto Duarte en una terminal de cruceros, en la comunidad Arroyo Barril, de la provincia Samaná, es uno de los proyectos más trascendentes que lidera la Dirección General de Alianza Público Privada (DGAPP), después del máster plan que se está impulsando para lograr el desarrollo turístico de la provincia Pedernales.

El titular de la DGAPP, Sigmund Freund, proyecta que la nueva terminal generará alrededor de 25,000 empleos directos y espera que se reciban unos 500,000 cruceristas en los primeros tres años, hasta llegar al millón de visitantes al año diez de operación.

Las localidades que se beneficiarán directamente de las actividades económicas son Arroyo Barril, El Limón y Santa Bárbara, porque se estima que al menos la mitad de la cantidad de los cruceristas deciden recorrer los poblados en los que hacen parada.

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En conjunto con la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), la DGAPP inició el proceso competitivo para iniciar la obra. Freund explica que el Estado obtendrá ingresos económicos de la tasa de impuesto que cada crucerista pagará cuando llegue a ese puerto, la cual oscilará entre 1.5 y 2 dólares por turista.

“Esa licitación es muy importante porque es la primera licitación de infraestructura”, apunta el funcionario.

La participación del gobierno en esa operación se circunscribe solo al aporte del terreno donde se levantará la terminal. Mientras que el sector privado hará el aporte todo el capital, que representa una inversión aproximada a los 60 milllones de dólares, con el compromiso de levantar la infraestructura en un periodo que oscila entre 24 y 36 meses.

“Estamos discutiendo la posibilidad de una participación en las ventas de todo lo que tendrá que ver con la parte comercial, como los restaurantes y las tiendas. Estimamos que además de los beneficios socioeconómicos que dejará en la zona, el tema de las excursiones, la venta de productos, la operación le va a dejar beneficios interesantes al Estado”, opina.

Pedernales

El interés gubernamental por impulsar el mercado de cruceros, también incluye a la provincia Pedernales, donde se pretende operar una terminal, como parte del master plan que se ha concebido para impulsar el desarrollo turístico de esa localidad sureña.

Sin embargo, en el caso de Pedernales grupos ambientalistas han expresado su oposición a la ubicación en la que se pretende establecer la terminal, por considerar que afecta a unos arrecifes relevantes para el ecosistema marino de la zona.

Aun no se ha determinado los siguientes pasos de parte del gobierno ante esta advertencia, en la que Grupo Jaragua.

Actualmente, ya se ha adjudicado a contratistas privados los trabajos hidrosanitarios, que encierra a todos los sistemas de aguas pluviales, residuales y plantas de tratamiento.

Operaciones mobiliarias

El sistema electrónico de garantía inmobiliaria tiene la finalidad de registrar las operaciones de tipo mobiliario de la RD o sea todo lo que es préstamo con garantía de vehículo, prendas, préstamos que se le impone a oposiciones por ejemplo a bienes inmuebles como acciones, transferencias accionaria.

Este registro abre la posibilidad al acceso al crédito a personas que posiblemente no pueden participar de las ofertas de la banca comercial, porque no tienen un título inmobiliario que le sirva de respaldo. Con esto podrá ofrecer en garantía su inventario, un colmado, algún electrodoméstico o joyas.

No representaría costo, el usuario que pretende registrar un documento tendrá que pagar una sola vez cerca de 1,200 pesos y ya a partir de ahí ya todo el mundo tiene acceso a ese registro, el acreedor, el deudor, cualquier tercero, otros acreedores o deudores que pueda tener esa misma persona o ese mismo bien podrán acceder al sistema y al registro.

De manera preliminar, se estima que el proyecto requerirá una inversión aproximada de 329,000 dólares que deberá ser asumida, en su totalidad, por el agente. Dicho contrato permitiría al Estado recibir flujos superiores a los USD$88 millones, en el marco de los 15 años de vigencia que tendría.