La Oficina Internacional de Asuntos Laborales (ILab) del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (DOL) anunció, el pasado 28 de diciembre, una donación de tres millones de dólares para un acuerdo de cooperación con la firma de consultoría Impactt Limited.



El objetivo de este proyecto en conjunto es dotar de mayor capacidad a los trabajadores y sus familias -especialmente a los inmigrantes indocumentados haitianos-, de defenderse y organizarse para mejorar sus condiciones laborales y de vida en la industria azucarera dominicana.



Poco antes, el pasado 23 de noviembre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) había emitido una orden de retención de liberación (WRO) sobre Central Romana Corporation Limited para detener todas las importanciones de azúcar sin refinar y productos a base de azúcar producidos por esta empresa, una de las mayores azucareras de la República Dominicana.



Eso sucedió tras identificar 5 de los 11 indicadores de trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo durante su propia investigación.



Previamente, en septiembre, el DOL también había incluido la caña de azúcar dominicana en su lista de bienes producidos por trabajo forzoso o infantil, en su Sétimo Informe Sobre el Sector Azucarero en República Dominicana. En este documento se plasman algunas de las mayores preocupaciones referentes a los abusos laborales y las pésimas condiciones de los trabajadores de esta industria.



Sin embargo, los alcances del DOL no incluyen el cumplimiento de la ley internacionalmente, sino la investigación, el monitoreo y la asistencia técnica. Este proyecto, cuya duración será hasta finales de 2026, pretende involucrar a los sindicatos, el gobierno y las empresas azucareras para que mejoren las condiciones de los trabajadores y derribar las barreras que les impiden conocer y ejercer sus derechos.



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Thea Lee, Subsecretaria Adjunta del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y líder de ILab, y algunos de sus responsables de políticas compartieron con Forbes República Dominicana el resultado de las investigaciones previas que han llevado a cabo por más de una década.



En los más de diez años que llevan observando las condiciones laborales en la industria azucarera dominicana, ¿han mejorado o empeorado?



Ha habido algunas mejoras. Estamos muy orgullosos del compromiso del gobierno de llevar a cabo una labor orientiva previa a la cosecha, en creol. También pudimos actualizar los protocolos de inspección con un sistema electrónico. Pero, creemos que el principal problema está en el precario estatus legal en el que se encuentran los trabajadores haitianos y sus descendientes. Yo misma me reuní con el viceministro de Trabajo dominicano el verano pasado, en Ginebra, donde le dije que mientras estos trabajadores permanezcan en una zona gris, sin protección legal, sin poder cambiar de empleadores o incluso salir de los bateyes en los que viven, serán sujetos a abusos y explotación. Eso no ha sucedido. Ha habido algunos movimientos con respecto a los pasaportes o documentos de identidad -apreciamos eso-, pero se trata de una situación de crisis y hay que hacer mucho más en ese sentido.



¿Qué otros aspectos vuelven vulnerables a estos trabajadores del azúcar?



República Dominicana no requiere contratos de trabajo escritos para los trabajadores. Hemos notado que las empresas cada vez utilizan más contratos escritos, incluidos en creol, pero sigue habiendo lagunas en cuanto a los detalles. La vulnerabilidad en los procesos de contratación es un componente clave del trabajo forzoso y en esta área estamos viendo pocos progresos. Otro paso en la dirección correcta, aunque sea incompleto, es que muchos trabajadores han afirmado que el trabajo infantil ya no está permitido, al menos en la parte de corte, aunque seguimos preocupados por lo que ocurre en las cadenas de suministro. No creemos que eso se esté aplicando de manera consistente en todo el país, específicamente, para aquellos trabajos que no consisten en cortar caña, sino plantar, regar o usar pesticidas.



¿Encuentran muchas barerras a la hora de acceder a esa información?



Durante nuestra última visita al país pudimos visitar más de 20 comunidades en las que se produce la caña de azúcar y trabajar en el frente de corte de las tres principales empresas azucareras, así como en la tierras de propiedad pública, Bienes Nacionales. En algunos casos, nos hemos dado cuenta de que durante nuestras visitas aparecen los directivos o gerentes de los bateyes, por lo tanto, lo que se dice acesso completo y transparente, no. Pero hemos podido tener una noción sobre los principales temas de preocupación y eso se refleja en nuestros reportes a lo largo de los años. También recibimos información de las organizaciones de la sociedad civil y de académicos que también están en el terreno. Como parte del gobierno de los Estados Unidos, a veces, llamamos mucho la atención pero otros pueden establecer relaciones a lo largo del tiempo y crear la confianza necesaria para poder obtener información que luego nosotros podemos verificar.



¿Dónde ven los mayores retos: en el gobierno, en las empresas, en la justicia?



Diría que en todas las anteriores. Mientras estos trabajadores tengan una situación legal precaria habrá espacios para el abuso. También necesitamos que el gobierno haga un mejor trabajo en la parte de inspección; que pueda hacer inspecciones no anunciadas es crucial para la aplicación de la ley. Hay otras áreas en las hay que poner en práctica la ley con estandares internacionales para asegurarse, por ejemplo, de que los trabajadores inmigrantes tengan acceso a sindicatos que elijan libremente, independientes de las compañías. Mucho del trabajo que hemos hecho durante esta administración gira entorno a la libre asociación para la negociación colectiva, ya que desde nuestro punto de vista esa es la clave para un cambio sostenible en el tiempo.



¿Qué debe cambiar desde la perspectiva de los sindicatos?



Existen estandares internacionales en lo que respecta a la libertad de asociación. Es una mezcla entre cambios en la legislación y en el interior de los sindicatos, en sus prácticas y sus comportamientos. Los sindicatos que vemos en República Dominicana no siempre han defendido a los trabajadores inmigrantes haitianos. A veces, los trabajadores con los que hablamos sobre el terreno ni siquiera saben que son parte de un sindicato, incluso han sido amenzados o acosados por los sindicatos. Yo estuve 20 años trabajando en el AFL-CIO (The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations), por lo que sé que los mejores sindicatos son los más democráticos, porque es donde encuentran su fuerza y su credibilidad. Un estandar de oro para un sindicato es estar libre de interferencias por parte de las empresas o el gobierno.



Entonces, ¿la solución no está solo en las empresas?



También hay una gran responsabilidad de las empresas que, en definitiva, tienen acceso al mercado de Estados Unidos para vender buena parte de sus productos. En la medida en que ese azúcar entra en los Estados Unidos también es nuestra responsabilidad y nos concierne, y quisiéramos que las empresas tuvieran una mayor responsabilidad sobre toda su cadena de suministro. Algunas de estas empresas son de propiedad compartida, como Fanjul y American Sugar Refining. Además, tienen empresas afiliadas como Domino Sugar o C&amp;H, así que deben reforzar sus controles a través de toda la cadena de suministro, porque tienen que responder frente a sus stakeholders, sus consumidores y el gobierno de los Estados Unidos, sobre su cumplimiento de la ley. En nuestra experiencia, ése no es el caso por ahora.



¿Qué papel jugó el DOL en la prohibición de entrada de los productos de Central Romana a los Estados Unidos desde el pasado mes de noviembre?



Ese es un proceso completamente separado, porque la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) es una agencia independiente de orden público. En DOL no nos encargamos del cumplimiento de la ley, internacionalmente. Nosotros hacemos investigación, monitoreo y damos asistencia técnica. Hemos puesto la atención en estos problemas desde hace varios años, con nuestros reportes periódicos e informes en el marco del DR-CAFTA. Toda esa información la compartimos con nuestras agencias hermanas del gobierno de los Estados Unidos, por lo que hay diálogo entre DOL y CBP de manera regular. Pero, al final del día, CBP tiene sus propios procesos, protocolos e investigaciones.



¿Hay otras empresas operando en República Dominicana a las que pudiera sucederles lo mismo?



Nuestras investigaciones indican que esto no es un problema aislado de una sola compañía. Esto son una serie de problemas que afectan a todo el sector, por lo que esperamos que todas las compañías que operan en República Dominicana se tomen muy en serio el dar los pasos necesarios para asegurarse de que todos sus trabajadores sean tratados con respecto y que sean capaces de ejercer sus derechos, como dicta la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

Thea Lee, Subsecretaria Adjunta del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos/Foto: Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Thea Lee

“Las acusaciones de trabajo forzoso en la industria azucarera dominicana son muy serias”, Thea Lee

Estados Unidos ha advertido sobre abusos laborales y las pésimas condiciones de los trabajadores de esta industria.

La prohibición de los productos de Central Romana en Estados Unidos no es consecuencia de una situación aislada. Toda la industria azucarera dominicana corre ese riesgo si no se dan los pasos necesarios para asegurar los derechos de todos sus trabajadores, según lo explica la Subsecretaria Adjunta del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, en entrevista para Forbes Dominicana.

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