Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, habla sobre los retos actuales para acceder y financiar los hidrocarburos para las economías pequeñas y los planes del gobierno dominicano para hacer frente a esta situación.
Desde que comenzó la guerra en Ucrania, los precios internacionales de los hidrocarburos se dispararon debido a una caída en la oferta. Actualmente, el gas natural cuesta tres veces más que el promedio de los últimos cinco años y el petróleo regresó durante varios meses a valores que no veíamos en una década. Esto ha impactado de manera importante a la República Dominicana, cuya dependencia exterior para el abastecimiento de los mismos alcanza el 80% de su consumo.
Varios gobiernos han tomado medidas extraordinarias para subsidiar el coste de los energéticos, evitando traspasar -en mayor o menor medida- este incremento de precios al consumidor.
“En el caso dominicano, por las limitaciones fiscales propias de un país pequeño, la carga que supone el subsidio de los combustibles y de la electricidad pesa mucho en el equilibrio presupuestario”, reconoce el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, quien habló sobre la situación actual del sector y varias de las soluciones que ha planteado el gobierno a lo largo del año, en exclusiva, para Forbes Dominicana.
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¿Cómo le impacta la escasez global de combustibles y sus altos precios al país?
El problema que tenemos con la crisis de los combustibles no es solo con los precios, sino con el acceso a ellos. República Dominicana quisiera acceder a tener un contrato de gas natural de mediano o largo plazo para suministrarlo a las empresas generadoras. Sin embargo, los suplidores de gas natural internacionales ofrecen un precio que corresponde al indicador holandés, el TTF, casi 8 veces superior al precio de referencia de los Estados Unidos, el Henry Hub. Comprar a precio TTF implicaría un incremento sobre el precio actual imposible de traspasar a la población. Esa dificultad para acceder a los combustibles a precios adecuados está afectando a los que carecen de estos recursos naturales, que no tienen grandes capitales y no son atractivos para muchos suplidores.
¿Eso profundiza las asimetrías entre países?
A nivel mundial, existe una especie de oligopolio para la producción y comercialización del gas natural. Por la naturaleza tecnológica de su proceso de producción, almacenamiento y transporte, solo algunas naciones y compañías gigantes tienen capacidad y lo utilizan de una manera despiadada en cuanto a la comercialización y el precio. Eso representa una asimetría abismal en términos del acceso a un energético básico. En el contexto del discurso de la libertad del comercio y de desarrollo es algo escandaloso y nos está trayendo muchos problemas. En lo que respecta a nuestro país, eso nos ha planteado un reto muy grande, que es el pensar con mayor fuerza en lo que significa la seguridad energética.
¿Qué significa ahora la seguridad energética para el país?
La seguridad energética ya no es solo estar dotado sino tener la capacidad de auscultar las proyecciones futuras de los precios y de los riesgos para el acceso a esos combustibles. También es desarrollar la capacidad de almacenamiento nacional de combustibles y dotar al país de un parque de generación eléctrica suficientemente flexible y capaz de producir con unos u otros combustibles. La seguridad energética significa también desarrollar a niveles rápidos y óptimos la generación de energías renovables, basado en la solar y la eólica, sobre todo, porque el agua en nuestro caso es muy reducida.
¿En qué se traduce eso?
Acabamos de inaugurar un emplazamiento energético histórico en el país en la costa norte, con tres centrales eléctricas de ciclo combinado basado en gas natural, pero con turbinas lo suficientemente modernas para producir a bajo costo y, al mismo tiempo, con una proporción importante de hidrógeno, cuando esté disponible. Por lo menos, hay una de ellas que puede también trabajar con fuel oil. Esa flexibilidad de combustibles contribuirá a una mayor independencia. Además, allá se construye otra terminal de gas natural para almacenamiento y distribución. También hemos desarrollado intensamente las energías renovales, con la instalación de varios proyectos que, quizás en un año, alcancen los 1,000 mw entre plantas solares y eólicas en el país. El despacho de las plantas sigue un orden de mérito en función del precio al que ofrezcan la energía, primero se despachan las más baratas.
¿Generalmente, las renovables?
Aquí son el agua, el carbón y, antes, el gas natural. Ahora el gas natural, por los precios, queda atrás. Para el caso de las renovables, por ley se estableció que se despacharían primero, al igual que la hidráulica. Se despacha primero el agua, las renovables y después vienen algunas plantas de carbón y una de gas natural, que están produciendo con contratos viejos a precios antiguos de gas natural, pero creo que ahora van a comenzar a cambiar. Nuestro plan estratégico es que el país tenga suficiente capacidad para abastecer la demanda y, en segundo lugar, que tenga por primera vez una reserva fría de 15% o 20% de la demanda pico anual de energía.
¿Cuánto están invirtiendo para reducir las pérdidas de las distribuidoras?
Las distribuidoras han tenido, históricamente, un desfase muy importante en lo que respecta a inversiones. El año pasado programamos una inversión de 500 millones de dólares a lo largo del 2022. Pero lo que sucedió, desde agosto, fue que hubo una subida drástica de los precios de los combustibles lo que provocó que el gobierno, en lugar de dedicar más capitales a la inversión, tuviera que incrementar la cantidad de dinero de subsidio para las empresas distribuidoras para pagar sus cuentas corrientes. Con la invasión a Ucrania, en febrero, hubo que incrementar más el volumen de dinero otorgado como subsidio a las distribuidoras. Este incremento, en este año, alcanza más de 1,000 millones de dólares, y no había capital para poder hacer las inversiones. Existe la esperanza de poder invertir el próximo año una gran cantidad de dinero para las distribuidoras, que es el talón de Aquiles básico dentro del sector eléctrico del país.
¿Eso ha dejado al Pacto Eléctrico en pausa?
El Pacto Eléctrico no está en pausa, incluye 117 medidas de las cuales hemos completado hasta la fecha 34. Otras 30 llevan un 75% de avance y el resto todavía están en desarrollo. El Pacto Eléctrico fue firmado en febrero del año pasado con una vigencia de seis años. Tenemos poco más de un año. No podemos decir en tan poco tiempo que no se cumplió o que se murió. Se está cumpliendo. Se acaba de eliminar por ley la CDEEE. Se acaba de crear la empresa pública Punta Catalina. Se acaba de someter un proyecto de ley de armonización y modificación de la Ley General de Electricidad. Eliminamos los consejos de administración de las distribuidoras -solo dejamos uno-. De hecho, los indicadores de los informes de desempeño indican que han reducido el personal en casi 1,000 personas, han reducido los gastos operativos y salariales, y se ha reducido la relación entre costos operativos e ingresos. Todos estos son objetivos del Pacto Eléctrico. Además, establecimos que, en un periodo de seis años, se lograra el 96% de abastecimiento de electricidad. Nosotros tenemos 99% desde ya.
¿En qué está fallando, entonces?
El Pacto Eléctrico establece metas de pérdidas y estamos retrasados en eso. Estamos solo un poco por debajo, pero aun tenemos tiempo para poder reducirlas con estas inversiones. Eso está asociado también a la facturación y la cobranza, para las que tenemos retraso en relación a lo establecido por el Pacto Eléctrico. La parte de la tarifa, que es una de las 117 medidas, comenzamos a aplicarla el año pasado. Cuando se produjo la ilusión de precios a los niveles que conocemos, nadie podía pedirle a este gobierno que siguiera haciendo un pass through, transfiriendo a la población unos precios locos, como consecuencia de una guerra en Ucrania. La postura del gobierno fue no aplicar el traspaso de aumento de tarifa cada tres meses porque cuando se discutió el pacto no había guerra. Esa suspensión, que le hemos explicado al Banco Mundial y a otros organismos, no significa que el gobierno abandone las otras 116 medidas del Pacto Eléctrico.
¿Están satisfechos con la atracción de inversiones hacia el sector?
Hemos sido exitosos en la atracción de capitales para la expansión de la generación térmica, también para las renovables. Estamos haciendo pininos, es decir, estamos desarrollando inversión privada para el sistema de transmisión. No hemos sido exitosos, no solo en este gobierno sino en ningún gobierno, en cuanto a la atracción de capital privado para las empresas de distribución, pero las necesitamos desesperadamente. En algún momento, tendremos que pensar en atraer capitales privados para la distribución, que requiere anualmente su expansión, sustitución de tecnología, etc… requiere mucho capital. Las decisiones en esa área son un poco más difíciles, pero tenemos ideas y proyectos para llevarlo a cabo.
¿Cuál es su visión a nivel regional?
Nosotros impulsamos y estamos de acuerdo con explorar la interconexión con los países e islas del Caribe, a través de la tecnología de los cables submarinos. También la interconexión con naciones como Haití. Cualquier ilusión de desarrollo en Haití, sin energía eléctrica no se realizará. República Dominicana podría ser un suplidor, pero no tenemos dinero para dar, ni para prestar. Si naciones más poderosas ayudan, tenemos la voluntad de apoyar a Haití con plantas que se pueden instalar aquí, redes que se pueden extender allá, etc… Tenemos que comenzar a ver la problemática energética como un elemento transversal en el pensamiento del desarrollo de los pueblos de América Latina.