Las regulaciones que restringen o prohiben los alquileres vacacionales, a través de plataformas como Airbnb y otras similares, están siendo adopatadas progresivamente por más países.



Su argumento principal es que esta tendencia hace que los precios de la vivienda se inflen, desplazando a la población local y acelerando la gentrificación de las zonas más atractivas de ciertas localidades. Además, agotan los recursos y promueven un turismo excesivo y descontrolado.



En Europa, ciudades como París, Berlín, Ámsterdam y Barcelona han impuesto restricciones y regulaciones estrictas. En Estados Unidos, Hawái ha tomado medidas enérgicas contra Airbnb, prohibiendo los alquileres de menos de 90 días. Nueva York y Palm Springs también también han tomado cartas en el asunto. En Canadá, algunos distritos de Montreal han prohibido totalmente los alquileres de corta duración.



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La preocupación por los impactos negativos de estas plataformas en los mercados de vivienda y en la calidad de vida de las comunidades locales, han impulsado la necesidad de los gobiernos de promover leyes que garanticen una mayor sostenibilidad de esta industria. Las distorsiones que se están produciendo en los destinos más populares del mundo y las condiciones de competencia injustas para las empresas de hospitalidad que sí están reguladas, son lo que más preocupa a los hoteleros.



“Hoy en día, es una realidad que el turismo inmobiliario está impulsando que las personas renten sus apartamentos de manera individual. En todos los países, menos en República Dominicana, eso está reglamentado: tienen una licencia para operar y tienen que cumplir con ciertas normas. Desde el sector hotelero, pensando en la sostenibilidad del turismo dominicano, queremos que esa actividad sea regulada”, comenta David Llibre, presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de República Dominicana (Asonahores).



En este país, la oferta de habitaciones se ha fragmentado debido a esta tendencia. Datos del Ministerio de Turismo señalan que, actualmente, hay cerca de 83,000 habitaciones hoteleras, en comparación a las 93,000 habitaciones que ofrecen plataformas como Airbnb, es decir, que cuentan con un 60% del total de la disponibilidad de hospedaje. El mercado de renta de propiedades o inmuebles vacacionales en República Dominicana tuvo un valor de cerca de 550 millones de dólares en 2022.



La competencia que representa Airbnb no es bien recibida por el sector hotelero debido a que las propiedades de particulares operan en la informalidad y no pagan impuestos, lo que les permite ofrecer tarifas más bajas, a costa de la seguridad de los turistas.



 “Si a un turista le pasa algo en una instalación hotelera, el hotel se hace responsable. Cuando pasa en un departamento de un propietario, sin las necesarias reglamentaciones, nadie está velando por ellos”, afirma Llibre.



El ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado, ya ha anunciado que el gobierno ha firmado un acuerdo de intención con Airbnb para regularizar los servicios de la plataforma de alquiler de propiedades. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) presentó el año pasado un proyecto para regular el impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios (ITBIS) aplicado a servicios digitales como Airbnb, aunque aún está pendiente su aprobación por parte del poder ejecutivo.



“Si pasa cualquier cosa, el turista va a decir ‘me pasó en República Dominicana’, no va a especificicar si le pasó en un departamento o un hotel. Estamos velando por la seguridad del sector para que se mantenga ese crecimiento. Esta es una oportunidad que tenemos que trabajar”, enfatiza el actual presidente de Asonahores.



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Airbnb: la piedra en el zapato de los hoteleros dominicanos

Sumario: Mientras el turismo inmobiliario acelera su expansión en el país, los profesionales del sector reclaman regulaciones y garantías.

Mientras el turismo inmobiliario acelera su expansión en el país, los profesionales del sector reclaman regulaciones y garantías.

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