La ley que permitirá al Estado decomisar bienes ilícitos

Por Felivia Mejía

Legisladores dominicanos evalúan un proyecto de ley que reglamentará el procedimiento para que el Estado decomise bienes de confirmada procedencia ilícita.

Se trata del proyecto de Ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos, que algunos sectores han criticado porque entienden que esa norma podría ser utilizada para castigar o atacar a personas que han acumulado riqueza de manera transparente u opositores políticos, por ejemplo. Es por eso que está el reto de lograr que la legislación sea muy clara en sus preceptos.

En la evaluación de la pieza legislativa han participado diversos representantes de la sociedad civil y empresarial, como directivos de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), junto a una comisión de diputados y senadores.

El presidente de la AIRD, Celso Juan Marranzini, advierte que se debe cuidar que ese proyecto de ley no tenga efectos hacia terceros de buena fe y no ponga en peligro los negocios lícitos.

De su lado, la abogada especialista en temas corporativos y de negocios Mary Fernández considera que es un temor injustificado, porque en otros países donde existe ese tipo de reglamentaciones, como Colombia, México y Guatemala, sirve de mucha utilidad para recobrar bienes robados u obtenidos de manera ilegal. 

“Se trata de un proceso judicial sobre los bienes, no sobre las personas, que requerirá de una sentencia que ordene la extinción de dominio cumpliendo con el debido proceso, y esta sentencia deberá tener autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, por lo que debe pasar por todo el proceso de revisión que implican los recursos de apelación y casación, e incluso el acceso al Tribunal Constitucional en caso de violaciones a los derechos fundamentales”, explica la abogada.

Fernández expresa que es muy frecuente que se sancione con penas de prisión a los culpables de delitos en los que hay adquisición ilegal de activos; sin embargo, en la actualidad, por diversas razones procesales, esas sentencias pudieran no alcanzar los bienes así adquiridos, lo que se lograría con la aprobación de la ley de extinción de dominio. 

“Esta necesidad ha devenido en urgente por los casos recientes que hemos visto de narcotraficantes y banqueros que luego de cumplir su pena de prisión por los delitos cometidos, salen en libertad a disfrutar de la fortuna mal habida; o porque no han podido perseguir los bienes porque el proceso penal ha quedado estancado por ausencia de los imputados”, dice.

La Ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos está en debate en momentos en que la República Dominicana ocupa la posición número 11 en la “Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2021-2022. Ese es un estudio entre diecisiete países de la región que mapea los esfuerzos legales para prevenir y combatir la corrupción, que elabora el Consejo de Abogados sobre derechos civiles y económicos (Lawyers Council for Civil and Economic Rights).

En una escala del cero al diez, donde cero es la calificación más baja y diez la más alta, la República Dominicana obtuvo una calificación de 5.45, lo cual significa que debe fortalecer su marco legal para enfrentar la corrupción.

Ese tipo de leyes que persigue el enriquecimiento ilícito está considerado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito como un instrumento de política criminal que busca complementar el conjunto de medidas institucionales y legales adoptadas por los países. 

“Por su naturaleza y alcance, se constituye en un mecanismo novedoso y una respuesta eficaz contra el crimen organizado, ya que se enfoca exclusivamente en la persecución de toda clase de activos que integran la riqueza derivada de la actividad criminal”, valora la agencia de las Naciones Unidas.